De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2027, se plantea un cambio relevante en la asignación de recursos al sector energético. La Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrían menores recursos en términos reales, alineados al objetivo gubernamental de reducir el déficit y fortalecer las finanzas públicas.
SENER es el caso más evidente; su presupuesto propuesto asciende a 85.6 mil millones de pesos, frente a los 267.4 mil millones aprobados para 2026, una reducción real cercana a 69%. Poniendo las cifras en contexto, 98.5% del presupuesto de SENER aprobado para 2026 se destinó al apoyo financiero de Pemex. Para 2027, Hacienda contempla alrededor de 81 mil millones de pesos para este propósito.
La CFE también tendría una reducción significativa. Su presupuesto propuesto para 2027 asciende a 523,747 millones de pesos, frente a los 554,567 millones aprobados para 2026. Esto representa una disminución de 30,819 millones de pesos y de 8.5% en términos reales.
El ajuste ocurre mientras el sistema eléctrico mexicano enfrenta una presión creciente por el aumento de la demanda, la expansión industrial y las necesidades de nueva generación, transmisión, distribución y almacenamiento.
El propio proyecto presupuestal contempla que la CFE mantenga transferencias federales por 90,400 millones de pesos durante 2027 y prevé un superávit financiero de 25,049 millones de pesos. El planteamiento apunta a reducir las necesidades de financiamiento de la empresa y disminuir la presión que representa sobre las finanzas públicas.
Para el sector, el punto central será determinar en qué medida la menor disponibilidad presupuestal puede compensarse mediante una mayor eficiencia financiera, esquemas de inversión mixta y mecanismos de participación privada.
La lectura más relevante no está únicamente en el tamaño de los recortes, sino en lo que significa a futuro. El Gobierno Federal busca reducir la presión fiscal de sus empresas energéticas y, al mismo tiempo, mantener la capacidad para gestionar la política energética.
El ajuste presupuestal también puede modificar el papel que desempeñan los inversionistas privados en el desarrollo energético de México.
Con menores recursos públicos disponibles, la capacidad de atraer capital para generación, almacenamiento, transmisión, infraestructura de gas y proyectos de transición energética será cada vez más relevante. Para ello, serán determinantes la certidumbre regulatoria, la claridad de los mecanismos de participación, la disponibilidad de capacidad de transmisión y la agilidad en los procesos de permisos.
El reto será encontrar el equilibrio entre disciplina fiscal, seguridad energética, expansión de la red eléctrica y atracción de inversión. En los próximos días, la discusión en el Congreso será clave para determinar si las cifras propuestas se mantienen y, sobre todo, qué proyectos y partidas serán finalmente priorizados.
